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31 de mayo de 2016
PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA SOBRE LAS NORMAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE SEGURO

Ciudadano

JOSÉ JAVIER MORALES
SUPERINTENDENTE DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
Av. Venezuela, Torre del Desarrollo, El Rosal, Municipio Chacao, Zona Metropolitana de Caracas, Venezuela, Código Postal 1060
Su Despacho.-
 
Yo, José Manuel González Esquivel, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Catia La Mar, Estado Vargas y portador de la cédula de identidad N° V-6.848.326, procediendo en este acto en mi carácter de PRESIDENTE del Consejo Directivo Nacional de la “CÁMARA NACIONAL DE TALLERES MECÁNICOS (CANATAME)”, sociedad civil inscrita por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro de la Circunscripción Judicial del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano, en fecha treinta y uno (31) de agosto de 1961, anotado bajo el N° 41, folio 109, Tomo 3 del Protocolo Primero, sociedad ésta cuyo domicilio y estatutos sociales fueron trasladados y protocolizados por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Chacao del Estado Miranda en fecha 14 de abril de 2003, anotado bajo el N° 43, Tomo 03 del Protocolo Primero y cuya última modificación estatutaria se encuentra inscrita por ante la misma Oficina Subalterna de Registro en fecha 16 de abril de 2003, anotado bajo el N° 09, Tomo 06 del Protocolo Primero; por medio de la presente acudo ante su competente autoridad, a los fines de presentar formalmente, como en efecto lo hago, la posición de mi representada, en uso de las facultades  establecidas en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo señalado en los artículos 2,3 y 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los términos que se exponen a continuación:
 
 
Su representada a través de la página web www.sudeaseg.gob.ve, colocó a los fines de realizar la Consulta Pública correspondiente, disposición de todos aquellos interesados el anteproyecto de NORMAS QUE REGULAN LA RELACIÓN CONTRACTUAL EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, cuyo objeto se desprende del artículo 1 de la siguiente manera:
 
“Artículo 1 Las presentes Normas tienen por objeto regular, en sus distintas modalidades, los contratos de seguro y de reaseguro, de servicio de medicina  prepagada, de administración de riesgos, de financiamientos de primas y cuotas, de fianzas, de reafianzamientos y de fideicomiso; en ese sentido, se aplicará en forma supletoria a los contratos regidos por leyes especiales y otras normas que se dicten al efecto”
 
 
Ahora bien ciudadano SUPERINTENDENTE, como voceros de la Industria de la Reparación y Mantenimiento de Vehículos Automotores, (CANATAME) nos permitimos realizar los siguientes aportes a las referidas normas, en aras de proteger y salvaguardar los derechos e intereses, colectivos y difusos de la industria automotriz en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con las normas que a continuación se mencionan.
 
La Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, en su artículo 1 señala que tiene por objeto regular, supervisar, controlar y coordinar el Sistema Financiero Nacional, con el objeto de de garantizar el uso e inversión de sus recursos hacia el interés público y el desarrollo económico y social de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del Estado Social de Derecho y de Justicia señalado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 
Asimismo, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, establece que dentro de las funciones que éste tiene, encontramos la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la supervisión de la gestión financiera y contraloría social de los integrantes del sistema; proteger los derechos de sus usuarios y usuarias actuales, nuevos y nuevas; y promoverá la colaboración con los sectores de la economía productiva, incluida la popular y comunal, todo ello dentro de una sana intermediación financiera e inspirado en el espíritu de transformación productiva e inclusión social contemplado en la Constitución de la República.
 
Ahora, bien, el sector Asegurador se encuentra inmerso dentro del Sistema Financiero Nacional de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de la referida Ley; aunado a ello, su naturaleza deviene en que realizan de manera regular actividades de intermediación en la captación de recursos para después realizar inversiones que coadyuven al desarrollo Nacional de la República.
 
Este sector asegurador se encuentra conformado por todas aquellas empresas que mediante el cobro de una prima se obligan a indemnizar el daño producido al usuario o usuaria, o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones convenidas y permitidas por la ley; así como por las empresas de este sector que toman a su cargo, en totalidad o parcialmente, un riesgo ya cubierto por otra empresa de este tipo, sin alterar lo convenido entre ésta y el usuario o usuaria. Las alternativas especiales destinadas a brindar cobertura a los riesgos agrarios, de las cooperativas y de las comunidades populares son establecidas por el ente regulador de este sector, de conformidad a lo estipulado en el artículo 9 de la ampliamente señalada Ley del Sistema Financiero Nacional.
 
El principal objeto de SECTOR ASEGURADOR está determinado en promover el desarrollo de su actividad en función de elevar el nivel de vida de la población, asignando eficientemente los recursos captados, administrando los riesgos y movilizando los ahorros a largo plazo sobre una sana basa financiera que permita el desarrollo del Estado.
 
Por expresa disposición del artículo 23 de la misma Ley, señala que el ente con competencia en el sector asegurador, entiéndase (SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA), tiene dentro de sus funciones la de garantizar que las compañías de seguros puedan cumplir en cualquier momento sus obligaciones y que los derechos e intereses  de los usuarios estén suficientemente protegidos, aunado al hecho de prohibir la realización de actividades que puedan distorsionar el correcto funcionamiento del sector asegurador.
 
Visto las consideraciones señaladas anteriormente y en aras de cumplir con nuestra Legitimación Activa en defensa de la Industria Automotriz, esta representación somete a su consideración las causas o motivos por los cuales, específicamente los artículos 40 y 43 van en detrimento de la Industria de la Reparación y Mantenimiento de Vehículos Automotores (Talleres Mecánicos), específicamente las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
 
“Definición de indemnización
Artículo 40 Es la prestación del servicio o la suma que deben pagar las empresas de seguros o las asociaciones cooperativas que realizan actividad aseguradora, en caso que ocurra un siniestro, así como la prestación a la que está obligada en los casos que correspondan.
A los efectos de estas Normas, la indemnización se producirá en los supuestos antes señalados, siempre que estén cubiertos de conformidad con lo previsto en las condiciones establecidas en el contrato de seguro.
 
 
 
Entrando al análisis del referido artículo, nos encontramos que tal disposición legal, contraviene la libre elección que tiene el tomador, asegurado o beneficiario de decidir con quién repara el daño causado, por cuanto esa misma SUPERINTENDECIA, en Consulta Administrativa presentada por esta CAMARA, decidió lo siguiente
La Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (CANATAME) logra que la Superintendencia de Actividad Aseguradora
en Oficio Nro. FSAA-2-2-2011-11494 aclare que "EXISTE LA LIBERTAD DE ELECCION para los tomadores, contratante y asegurados". 
La SUDEASEG después de las referencias y consideraciones pertinente contenidas en  la Ley de Actividad Aseguradora, concluye la exposición con la siguiente afirmación: (Cita textual del Oficio FSAA-2-2-2011-11494 )

    "De las normas expuestas, se evidencia que la voluntad del Legislador constituyente ha sido la de otorgar libertad de elección en cuanto a la prestacion de servicios a todo contratante, no solo estableciendo de forma expresa el derecho a escoger libremente el proveedor de bienes y servicios (Art 117), sino que también al prohibir el abuso de posición de dominio, asegura una participación igualitaria de quienes se dedican a la satisfacción del consumidor en un mercado determinado, como por ejemplo el que usted representa (talleres y grueros)

 

Vista las consideraciones anteriores, existe una libertad de elección para los tomadores, contratantes y asegurados, que serán indemnizados por un siniestro, de designar el taller mecánico de su preferencia, que prestara el servicio de reparación del vehículo asegurado, no debiendo las empresas de seguros anteponer convenios particulares, a derechos constitucionales."
 
 
Aunado a ellos, dispone la novísima Ley de la Actividad Aseguradora, en su artículo 128, numeral 3 lo siguiente:
“Son derechos de los tomadores, asegurados, beneficiarios o contratantes, respecto de los sujetos regulados, los siguientes:
Omissis.
3- Escoger libremente los proveedores de insumos o servicios para sastisfacer sus necesidades cubiertas por el contrato. En caso de seleccionar un proveedor de servicios de los sugeridos por el sujeto regulado, éste será responsable por el incumplimiento o perjuicio causado por los referidos proveedores”.
 
 
Como se evidencia claramente, la intención del legislador siempre ha sido y será a tenor de las disposiciones Constitucionales, que prohíben la monopolización y otras prácticas desleales en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo señalado en los artículos 113 y 117 de la misma; ahora bien es imperativo ese derecho e inherente a la persona que toma una póliza de seguro de decidir libremente, sin coacción alguna u otro mecanismo que comprometa su voluntad, la elección de quién será el responsable de reparar el daño causado a su propiedad motivado al siniestro acaecido, razón por la cual quien suscribe en representación de esta CAMARA, considera que el referido artículo 40 de las Normas, viola directamente las decisiones favorables que ha obtenido esta CAMARA, tal y como se ha señalado anteriormente, por cuanto se estaría legalizando la EXCLUYENNTE FIGURA de las reparaciones a través de la figura de TALLERES AUTORIZADOS, por las Compañías de Seguros, lo cual no está permitido, causando esto un detrimento directo a la pequeña y mediana empresa (PYMES), lo que presumimos pudiera convertirse en una práctica a ser utilizada por las empresas de seguros para obstaculizar o retrasar la indemnización de la pérdida parcial para de reparar el daño causado, atando al tomador, asegurado o beneficiario del seguro a una determinada sociedad mercantil relacionada con ella, inclusive, dejando permanecer en el tiempo la solicitud de reparación, únicamente con el objeto de lograr que el tomador, beneficiario o asegurado en un momento de crisis o de obstinación se decida por el Taller ofrecido por la empresa de seguro.
 
Sustitución de indemnización
Artículo 43 Cuando así esté establecido en el contrato de seguros, y su naturaleza lo permita, siempre que el asegurado o el beneficiario lo consienta al momento de pagar la indemnización, la empresa de seguros o la asociación cooperativa que realiza actividad aseguradora, podrá cumplir su obligación reparando o entregando un bien similar, en las mismas condiciones en las cuales se encontraba al momento del siniestro”.
 
 
Con relación a este artículo 43, tenemos que el mismo, igualmente contraviene, las disposiciones anteriormente señaladas por esta representación, por cuanto pudiera convertirse en una práctica por parte de las Compañías de Seguros, de retrasar la reparación o la Indemnización del daño causado, a los fines de inducir voluntariamente al tomador, asegurado o beneficiario a realizar la reparación con una empresa distinta a la cual está libremente facultado para elegir.
 
Ahora bien ciudadano SUPERINTENDENTE, por las razones antes expuestas, proponemos que el articulo 40 quede redactado de la siguiente forma:
“Definición de indemnización
Artículo 40 Es la suma que deben pagar las empresas de seguros o las asociaciones cooperativas que realizan actividad aseguradora, en caso que ocurra un siniestro, así como la prestación a la que está obligada en los casos que correspondan.
A los efectos de estas Normas, la indemnización se producirá en los supuestos antes señalados, siempre que estén cubiertos de conformidad con lo previsto en las condiciones establecidas en el contrato de seguro.
 
Tal y como se encontraba en la Ley del Contrato de Seguros derogada.
 
II
De la Legitimación de Canatame
 
La Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (CANATAME) es una asociación civil sin fines de lucro; institución gremial integrada por los Talleres Mecánicos situados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.  El objeto de nuestro gremio es la defensa, desarrollo y protección de los intereses profesionales o específicos de nuestros miembros, así como el mejoramiento económico, patrimonial y moral de nuestros agremiados considerados en conjunto, sobretodo, cuando la realización de las actividades comentadas sean realizadas frente a los organismos o autoridades públicas.
 
En virtud de lo antes expuesto, es que esta Cámara acude ante este respetable ente administrativo, puesto que la interpretación administrativa de los puntos consultados en cuestión, afecta CONCISAMENTE nuestra actividad como propietarios de establecimientos de servicio automotor; y como representantes gremiales de dichos propietarios (tal como lo permiten nuestro Estatutos Sociales vigentes), es decir, como representantes de un INTERÉS COLECTIVO o DIFUSO, CANATAME, acude en este acto en representación de sus agremiados e incluso del público consumidor en general.  Poseemos un Derecho Subjetivo, a su vez compuesto por un interés legítimo de participación en la presente consulta administrativa. Dicho interés, amparado por los fines gremiales de bienestar económico y de estabilidad laboral de nuestros miembros, es un interés individual directamente vinculado al interés público y protegido por el ordenamiento jurídico vigente.  Por lo expuesto, consideramos que nuestro ente gremial patronal goza de un interés legítimo y directo, protegido por la Ley.
 
III
Petitorio
 
Pedimos de esta manera, que la presente OBSERVACIONES Y REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS SENALADOS, elevada por ante ese Despacho sea admitida, sustanciada, y tramitada conforme a Derecho, informando sobre todos los puntos de Ley mencionados en el presente escrito.
 
En atención a lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, señalo que nuestro domicilio para cualquier notificación o citación es el siguiente: Avenida Libertador, Multicentro Empresarial del Este, Edificio Miranda, Núcleo “A”, piso 6, oficina 67.  Municipio Chacao del Estado Miranda.  Teléfonos: (0212) 2635966 – 2660537 – 2638460.
 
Es Justicia que esperamos en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital de la República Bolivariana de Venezuela, a la fecha de su presentación. ----------
 
 
 

José Manuel González Esquivel

Presidente
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